Artículos

Detectives privados

El Tribunal Superior de Justicia de Murcia confirmó recientemente el despido procedente de dos empleados que se encontraban de “baja médica”: La sentencia, un hecho anómalo, fue dictada basándose en un informe de investigación.

En uno de los casos, la empresa detectó y denunció que uno de sus obreros, de baja por depresión, estaba trabajando en otra obra, considerando el Tribunal acreditado que “venía realizando una actividad laboral incompatible con su baja médica”. En el otro supuesto, con idéntica consecuencia, una trabajadora que estaba de baja por una “contractura lumbar” fue descubierta en un agradable día de playa, mientras cargaba sombrillas y bolsas de considerable peso, y alzaba a un menor para meterlo en el agua con gran agilidad.

Estas empresas nunca hubieran podido denunciar estas actuaciones tan dañinas y fraudulentas sin la ayuda de los detectives privados. Siempre rodeados de un halo de misterio, su actuación está perfectamente regulada (Ley 23/1992 y su reglamento) y sometida a rigurosos controles por parte del Ministerio del Interior, a quien deben presentar cada año un informe de actividades y llevar un Libro de Registro de sus casos.

Detectives privados

Sus facultades y ámbito de actuación están claramente delimitados, aunque su actividad va variando: cuando la infidelidad matrimonial podía alegarse como causa de divorcio, era habitual encontrar sus informes en los pleitos matrimoniales. Tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2005, en la que se eliminó la obligación de alegar una causa para pedir el divorcio, su incidencia disminuyó, aunque siguen teniendo un papel esencial a la hora de acreditar determinadas situaciones: como esa esposa, con hijos mayores, que solicitaba en su demanda de divorcio la venta del domicilio familiar, y su uso alterno para ambos hasta su venta. Pero existía un riesgo: el esposo padecía una lesión en un ojo, que aunque no le impedía hacer una vida normal, podía utilizar para intentar quedarse en la casa, y alegar que conocía cada recodo de la misma. Para paliar este riesgo, intervino la agencia Cosmos Detectives. Su director, José Antonio Pérez, localizó al esposo y fingió hacerle un encargo profesional –trabajaba como contratista en la economía sumergida–. Este aceptó el encargo y fue filmado conduciendo, cargando materiales, tomando medidas para la reforma de una vivienda … El día del juicio, acudió con unas gafas oscuras y un bastón, alegando un grave impedimento en la vista. Tras la aportación del informe, el juez ordenó la venta de la casa y el pago de una pensión compensatoria. La esposa no tuvo otro medio para demostrar la verdad y el informe fue determinante.

La actuación de los detectives está sometida a rigurosos controles por parte del Ministerio del Interior. Sus facultades están claramente delimitadas.

El papel de los detectives es también muy relevante para las compañías de seguros. Fueron estos profesionales los que descubrieron y dieron a la Policía información para desmantelar una red de delincuentes que compraba vehículos de alta gama, los aseguraban y denunciaban después su robo para cobrar la indemnización del seguro, vendiéndolos además luego por piezas a los desguaces.

Llamativos son los casos de falsos lesionados en accidentes de circulación: personas que reclaman miles de euros por secuelas gravísimas –como parálisis u otros impedimentos de movilidad crónicos– que son filmados montando en bicicleta o paseando por el parque. Tienen también límites legales: un detective fue condenado por acceder al número y al saldo de la cuenta corriente de un investigado; otra sentencia anuló el despido de varios trabajadores, basado en la información suministrada por un detective camuflado como personal, al entender el Tribunal que este método “transgredía absolutamente la buena fe contractual y vulneraba su derecho a la intimidad (del trabajador)”.

Conclusión: es una profesión completamente regulada, con límites legalmente establecidos a su actuación, sometida a estrictos controles por parte de las fuerzas de orden público y del Ministerio del Interior, y de libre acceso a aquellos ciudadanos que precisen acreditar hechos que, de otra manera, serían de difícil prueba, mediante encargos profesionales registrados en un Libro Registro, observando siempre no vulnerar el derecho al honor y a la intimidad de los investigados, así como el secreto de las comunicaciones.

Isabel Winkels

Isabel Winkels es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Especializada en Derecho civil, fundamentalmente en Derecho de familia, es Socia-directora de Winkels Abogados. Actualmente también es Presidenta de la Sección de Familia del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y profesora de Derecho de familia del Master Universitario para el Acceso a la Profesión de Abogado del prestigioso Instituto de Estudios Bursátiles.

Ver todos los artículos

Si tiene alguna duda o consulta sobre cualquier cuestión planteada en este artículo, puede contactar con el autor usando el siguiente formulario:

Please wait...