Maternidad subrogada

Maternidad subrogada

En la actualidad, tanto en España como en los países de nuestro entorno estamos siendo testigos de un fenómeno creciente: el recurso a la maternidad subrogada como una nueva vía para satisfacer el deseo de ser padres. El recurso a dicha maternidad está vetado en España, tal y como establece el art. 10 de la Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción asistida, pero se trata de un recurso legal en algunos países del mundo como en Estados Unidos, la India o Ucrania, por ejemplo. Desde el punto de vista del ordenamiento español, los problemas que se plantean son muy variados, tanto en lo que se refiere a la iniciación del proceso y a la culminación del mismo, que debe llevarse a cabo necesariamente fuera de nuestro país, como al reconocimiento e inscripción de estas filiaciones en nuestro Registro Civil.

En este último aspecto hemos sido testigos de las trabas que las autoridades ha puesto a la hora de aceptar la validez de estas filiaciones en España y que culminaron con la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de febrero de 2014 en la que el Alto Tribunal ordena cancelar una filiación, establecida a través de una subrogación de maternidad llevada a cabo en San Diego (California), e inscrita en el Registro Civil español el en el año 2009, por entender que la misma vulneraba el orden público español.

El panorama, sin embargo, se modificó radicalmente tan sólo unos meses después con la STEDH de 26 de junio de 2014, “Affaire Menneson c. Francia”, en la que el Tribunal Europeo, en un caso similar ocurrido en Francia, indicó que la denegación del reconocimiento de vínculo de los hijos con los padres de intención perjudicaba gravemente a los hijos, y que era susceptible de vulnerar el respeto a la vida privada y familiar, derecho que aparece reflejado en el art. 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Esta resolución cambia por completo el panorama español descrito y provoca que, no sólo se tengan que reconocer las filiaciones obtenidas por esta vía que superen una serie de cautelas y sean legales en el país de origen, sino que se tenga que modificar la normativa registral española en aras a establecer con claridad el marco legal de tal reconocimiento.